El mercado global de la defensa funciona con reglas distintas a las de casi cualquier otra industria. En la mayoría de los casos, el Estado es el único comprador posible y las empresas armamentísticas, los únicos proveedores capaces de fabricar tecnologías tan complejas. Esa dependencia mutua —que los economistas describen como un monopolio bilateral— hace que la relación entre gobiernos y compañías privadas no responda a la lógica habitual de la competencia. Un análisis reciente del think tank Bruegel, centrado en las 112 mayores empresas de defensa de 24 países, concluye que la influencia estatal sobre el sector va mucho más allá de la participación accionarial.
